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Informe de Derechos Humanos Mapuche 2003

Represión permanente al pueblo mapuche

Por Arnaldo Perez Guerra / La Insignia / 05 de julio de 2003

El Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Territorio Mapuche, elaborado por la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco Malleco (CAM) y la Comisión Mapuche de Derechos Humanos (COMAPU), pasa revista a lo ocurrido entre 2001 y 2003: el contexto en que se desarrollan los conflictos enfrentados por las comunidades; antecedentes históricos, económicos y sociales del Pueblo Nación Mapuche; la situación actual de los derechos humanos en las comunidades en conflicto; y las irregularidades judiciales que afectan a los prisioneros políticos mapuches.

El Informe de Derechos Humanos en Territorio Mapuche señala en su introducción: “Ante el creciente avance de las movilizaciones de las comunidades de las provincias de Arauco, Malleco, Cautín y Alto Bío Bío, en el marco de la recuperación de tierras y el desarrollo de una línea más autonomista expresada en el planteamiento de articulación de un proyecto propio que vislumbre la reconstrucción del Pueblo Nación Mapuche, el Estado chileno, regido económicamente por un modelo neoliberal capitalista, ha desarrollado una estrategia para contener la lucha mapuche y así dar garantías de estabilidad política, económica y social a las inversiones que realizan empresas nacionales y transnacionales, fundamentalmente en los rubros forestal, energético y turístico en el territorio mapuche”.

Ese es el marco que enfrentan actualmente las comunidades, principalmente en las zonas en conflicto donde se lleva a cabo una política represiva que los mapuches califican como “abierta e irracional”. En su mayoría, las comunidades en conflicto se han adscrito tanto política como orgánicamente a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que ha extendido su influencia al Alto Bío Bío, Cautín, Osorno y, en general, a todo el territorio mapuche y a las distintas expresiones dentro del movimiento mapuche: “Por ello, la represión ha sido dirigida con mayor rigor en contra de estas comunidades, sus integrantes y dirigentes, como a su vez a las instancias de organización y vocería de la CAM. Por las cárceles de la VIII y IX regiones ya han pasado más de un centenar de mapuches procesados o imputados por diversas causas relacionadas con las luchas de las comunidades en conflicto, en muchos casos experimentando las pruebas un nuevo Sistema Procesal Penal, que se está llevando a cabo en la IX Región, entre otras dos regiones más. Del antiguo y nuevo sistema procesal, aún se mantienen una importante cantidad de procesos pendientes”.

Represión directa

Según el Informe, la intensificación de la política represiva se vio agravada con el asesinato de Alex Lemun, por parte de Carabineros, “quienes le dispararon a quemarropa el jueves 7 de noviembre de 2002 en una recuperación de tierras de la Comunidad Mapuche Montutui Mapu del sector Agua Buena de Ercilla, sin que hasta la fecha exista algún funcionario policial sancionado, encarcelado o al menos procesado por este hecho”.

La represión directa se expresa no sólo en procesamientos, encarcelamientos, asesinatos y persecución: a ello se suma el control y hostigamiento que ejercen tanto policías civiles como uniformados en las zonas de conflicto “a través de allanamientos, controles en los caminos y sobrevuelos. En la actualidad, las comunidades enfrentan una represión directa destinada a amedrentar, a hostigar y desmovilizar”.

La política represiva ha tenido como resultado una treintena de mapuches encarcelados por Ley de Seguridad Interior y Asociación Ilícita Terrorista en Los Angeles, Concepción, Angol, Victoria y Temuco, mientras otros permanecen bajo “arresto domiciliario” o procesados en cientos de causas llevadas tanto por tribunales civiles como por Fiscalías Militares: “En su mayoría se trata de mapuches que han sido sometidos a procesos luego de su detención, las que han debido enfrentar por algunas horas e incluso hasta alrededor de un año sin que se les dicte sentencia. Entre los cargos que se les ha imputado se encuentran los supuestos delitos por usurpación de tierras, robo de madera, incendio, ocupación ilegal, daños a la propiedad privada, maltrato a carabineros, secuestro y asociación ilícita”.

Según el Informe, decenas de mapuches cumplen condenas sin reclusión, mientras otros con causas judiciales pendientes “han asumido la clandestinidad al no reconocer el sistema judicial chileno como garante de la administración de justicia”. La gravedad de la represión, que nos lleva al símil de los territorios ocupados, queda en evidencia: “personas, familias y comunidades permanentemente vigiladas y controladas por la policía civil y uniformada, situación derivada de las investigaciones que en la actualidad llevan a cabo los servicios de inteligencia chilenos, fundamentalmente la Dirección de Inteligencia y Seguridad Pública (DISPI). El trabajo desarrollado por estos organismos se hizo más público a raíz de las detenciones realizadas a comuneros mapuches durante el mes de diciembre de 2002, a quienes se les acusó de asociación ilícita terrorista; su actuación incluye el seguimiento de personas, la vigilancia de funcionarios policiales civiles, la cooptación de personas mapuches o no mapuches para que actúen como informantes, la interceptación de teléfonos de red fija y celulares, etc.”.

Irregularidades judiciales

Entre las irregularidades judiciales mencionadas por el Informe con relación a situaciones atentatorias en contra de mapuches en el marco de la política represiva del gobierno, se mencionan: “Detenciones arbitrarias y mantención de medida de privación de libertad sin que existan pruebas acusatorias en contra de los imputados”, “Violencia innecesaria y abuso de poder de funcionarios policiales mientras se desarrollan las detenciones”, “Incomunicación prolongada del detenido, contraviniendo el propio sistema judicial”, “Detenciones de comuneros en recintos no públicos; lugar donde han sido interrogados extrajudicialmente”, esta última acción desarrollada, al menos, por funcionarios de la Comisión Civil de Carabineros en el sector Lleu Lleu de la provincia de Arauco a fines de 2001; “Utilización de declaraciones judiciales y extrajudiciales obtenidas bajo presión o amenazas”, incluso se reseña la presencia de personal policial ingresando a recintos carcelarios para interrogar a detenidos “sin presencia de un abogado o juez que lleve la causa, en actitud amenazante e intimidatoria”; “Dobles procesamientos”, contraviniendo el principio penal de non bis in idem, es decir, que no es posible procesar dos veces por un mismo hecho; “Dictación de órdenes de detención con efecto retroactivo”; “Utilización de testigos falsos en procesos judiciales, ya sea mapuche o no mapuche, que realizan declaraciones -en general- con reserva de su identidad, acusando a determinadas personas, reconociéndose como supuestas víctimas de determinados hechos o como testigos oculares de los mismos”, y cuya falsedad ha quedado en evidencia en los expedientes como en las audiencias o juicios orales, pero luego de meses e incluso años de investigación; “Decisiones judiciales que afectan el derecho a un debido proceso”, entre ellas se menciona, a propósito de la Nueva Reforma Procesal Penal, la utilización de testigos sin rostro, y el control y seguimiento de los abogados defensores, que ha incluido incluso el intervenir sus teléfonos, lo que afecta el derecho a defensa y confidencialidad.

¿Estado de derecho?

Desde 1997 se han agudizado los conflictos de tierras, en particular en las zonas de Arauco y Malleco, donde las comunidades han desarrollado fuertes movilizaciones contra empresas transnacionales energéticas, turísticas y principalmente forestales. El Estado y sus organismos han desplegado todo su aparataje represivo, generando como consecuencia el encarcelamiento masivo y selectivo, persecuciones y hostigamiento a personas y comunidades, lo que a la fecha se traduce en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, con la respectiva designación de ministros en visita, Ley Antiterrorista y la figura de Asociación Ilícita Terrorista en contra de la CAM y el seguimiento de alrededor de más de un centenar de procesos judiciales. Por otra parte, empresas forestales han contratado aparatos de inteligencia y guardias de seguridad que, al margen de la institucionalidad y del “estado de derecho”, actúan impunemente contra los mapuches.

La represión y persecución se ha dirigido en contra de legítimos dirigentes de las comunidades en conflicto, entre ellos lonko (dirigente máximo de la comunidad) y werkén (vocero o mensajero); la represión ha sido contra aquellos dirigentes que sostienen o que son símbolos de las experiencias de control territorial y recuperaciones productivas. Entre algunos casos podemos mencionar la situación de Avelino Meñaco y José Huenchunao, quienes son werkenes de la zona de Arauco; o los lonkos de Tirúa como Ancalao o Marihuen; o como en Collipulli, José Llanca. También el caso de detención de dos lonkos emblemáticos de la lucha mapuche, de las comunidades Antonio Ñiripil del sector Temulemu y Lorenzo Lorín de Didaico de la comuna de Traiguén, que permanecieron detenidos más de un año sin que se dictara sentencia. Asimismo, se encuentran detenidos otros lonkos de zonas en conflicto, entre los que figuran los de las comunidades Agustín Chihuaicura del sector Chol Chol, comuna de Nueva Imperial, José Guiñón del sector San Ramón de Ercilla, José Millacheo Levío de Chequenco, Manuel León Catrimil del sector Tricauco de Ercilla y Montutui Mapu del sector Agua Buena de la misma comuna.

Grupos paramilitares en zona mapuche

Entre marzo y abril de 2002 surge el Comando Hernán Trizano, grupo paramilitar que afirmó a medios periodísticos de Victoria estar “dispuesto a ejercitar todo tipo de represalias contra los indígenas”. Según el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Territorio Mapuche: “Es necesario señalar que la aparición de este grupo se da en un contexto en que la derecha profundiza en un clima de beligerancia, llamando a los agricultores a organizarse y asumir la autodefensa armada. El 4 de abril, en la comuna de Traiguén, se reunieron masivamente los latifundistas, nietos y bisnietos de los históricos usurpadores del territorio mapuche. Destacada participación tuvo Enrique Stappung, conocido personaje de derecha antimapuche”. A partir de esta fecha se suceden una serie de hechos, como el seguimiento y amedrentamiento de dirigentes mapuches de Lumaco, denunciada judicialmente el 5 de abril de 2002 por al menos un centenar de comuneros. El Informe Mapuche relata situaciones tan graves como el intento de secuestro a Sara Imilmaqui, opositora a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, ocurrido en abril de 2002 por parte de desconocidos; y el montaje incendiario en Collipulli ocurrido en julio de 2002 en el fundo Taitamito de propiedad de Gerhard Schmidt, cuya intención era atribuírselo a mapuches de las comunidades aledañas y que quedó al descubierto sólo con la confesión del administrador del fundo.

Además, relata los secuestros de que ha sido objeto Daniela Ñancupil de sólo 12 años, hija del lonko de Nalcahue, por parte de civiles, quienes portando armas y equipos de comunicación han retenido a la menor amenazándola de muerte, golpeándola e interrogándola sobre su familia y dirigentes mapuches; y el atentado incendiario al vehículo del abogado defensor de mapuches Jaime Madariaga, quien patrocina una querella en contra de Carabineros por “violencia innecesaria en contra de Daniela Ñancupil”. Madariaga fue objeto de un atentado con un sofisticado sistema de iniciación incendiaria, luego de sufrir reiteradas amenazas y seguimientos.

Otros graves hechos son el ataque incendiario a la Escuela Básica G-27, a la que concurren mayoritariamente niños mapuches de las comunidades Montutui Mapu y Requem Lemun, resultando completamente destruida en noviembre de 2002; y el asesinato encubierto de Jorge Suárez Marihuán, hermano de lonko de Malla Malla. El cuerpo de Suárez Marihuán apareció el 11 de diciembre de 2002 en la ribera del río Queuco, luego de varios días de permanecer desaparecido. Según el informe forense, la causa de muerte no fue inmersión sino lesiones provocadas por terceros; y de acuerdo a antecedentes aportados por su familia, un civil no identificado, presumiblemente agente de inteligencia, habría entregado dinero a dos colonos del sector para eliminarlo. Posteriormente, la casa del lonko de Malla Malla fue saqueada por desconocidos, aprovechando que su familia se encontraba desprotegida pues el lonko se encontraba detenido en la cárcel de Los Angeles, hecho ocurrido en marzo de 2003.

La acción de grupos paramilitares también ha afectado a no mapuches como Daniel Salinas, director del Diario Renacer de Angol, quien denunció en marzo de 2003 amenazas de muerte de que fue objeto y que fueron adjudicadas al autodenominado “Cuchillos del Sur”. Acción que se explicaría por los informes publicados por el diario en contra de empresas forestales que operan en la zona. Además, entre los hechos atribuidos a paramilitares se encuentran robos e ingresos a sedes, así como a casas de militantes de la causa mapuche, seguimientos a dirigentes, interceptaciones telefónicas ilegales, interrogatorios por civiles no identificados y su participación en operaciones policiales a bordo de vehículos de propiedad de agricultores de la zona.

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